Cuarenta y ocho organizaciones destacadas denuncian la opinión del Departamento de Justicia que amenaza los derechos de las personas con discapacidad.

CHICAGO — NAMI Chicago se une hoy a otras 44 organizaciones líderes de servicios humanos, defensa y legales para emitir la siguiente declaración denunciando la Opinión legal del 18 de junio Emitido por la Oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que busca desmantelar uno de los derechos civiles más importantes del país para las personas con discapacidad: el derecho a recibir servicios en sus propios hogares y comunidades.

El 18 de junio, la Oficina de Asesoría Legal (OLC) del Departamento de Justicia de los Estados Unidos emitió una opinión legal Esta nueva opinión pretende desmantelar una de las protecciones de derechos civiles más importantes para las personas con discapacidad. Declara que los estados ya no estarán obligados a prestar servicios a las personas con discapacidad en sus propios hogares y comunidades, en contra de la legislación vigente, y que las normas federales que lo exigen deben ser derogadas.  

Durante más de 25 años, el requisito de garantizar que las personas con discapacidad reciban servicios en la comunidad en lugar de ser internadas innecesariamente en instituciones ha sido un principio establecido. En el caso Olmstead contra LC, la Corte Suprema dictaminó que el aislamiento institucional injustificado de las personas con discapacidad constituye una forma de discriminación según la Ley de Estadounidenses con Discapacidades.  

La decisión del caso Olmstead reafirmó una verdad simple: las personas con discapacidad pertenecen a sus comunidades, con sus familias, en sus trabajos, escuelas y vecindarios, no a ser recluidas fuera de la vista. 

La opinión de la OLC pretende socavar los principios fundamentales del caso Olmstead, según los cuales las personas con discapacidad mental e intelectual merecen dignidad, respeto e igualdad ante la ley. Atribuye los graves problemas de nuestro sistema de servicios sociales, que carece de recursos suficientes, a las mismas personas a las que estos sistemas pretenden servir. Sin embargo, en lugar de invertir en apoyos comunitarios probados y eficaces, esta opinión aboga por el regreso de centros de internamiento fallidos de los que las personas ingresan y de los que nunca salen. Argumenta que las normas federales de integración, aplicadas durante décadas tanto por el Departamento de Justicia como por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, son ilegales y deben ser derogadas. La opinión no modifica la ley ni sienta precedente legal. Pero sí constituye una clara señal de cómo esta administración pretende hacer cumplir, o negarse a hacer cumplir, los derechos civiles de las personas con discapacidad. 

Esto es, simple y llanamente, un ataque a la dignidad y la libertad de las personas con discapacidad. El derecho a vivir en la propia comunidad, cerca de quienes nos quieren, no es una mera formalidad burocrática. Es una protección fundamental que permite a millones de nuestros conciudadanos estadounidenses la libertad de vivir en las comunidades que elijan, en lugar de en centros de detención. Esta opinión impone el control gubernamental sobre dónde se permite vivir a las personas con discapacidad, socavando una libertad básica de la que gozan todos los ciudadanos de este país. 

Durante décadas, hemos apoyado a las personas para que salgan de la marginalidad institucional y construyan la vida que desean. Las personas con discapacidad no son un problema que deba ignorarse. Son nuestros vecinos, familiares, compañeros de trabajo y amigos. De hecho, gran parte del trabajo realizado en las últimas décadas no habría sido posible sin el liderazgo y el esfuerzo de tantas personas con discapacidad en nuestro campo. La promesa de Olmstead es una comunidad donde todos podamos vivir, trabajar y marcar la diferencia juntos. Seguiremos luchando por esa promesa.  

Hacemos un llamado a los líderes de Illinois para que reafirmen, en los términos más claros posibles, que este estado continuará invirtiendo en la atención comunitaria y respetando el mandato de integración, independientemente de lo que diga Washington. Asimismo, hacemos un llamado a los habitantes de Illinois para que se unan en la defensa de la atención comunitaria y se opongan a estos intentos de desmantelar los derechos civiles.